Ayudas de hasta 10.800€ para que los jóvenes se compren una casa. Esta fue la propuesta que hace un año lanzó el Ministerio de Fomento y que se aprobó hace unas semanas, pero con algunos matices. Uno de los requisitos más importantes es que la vivienda no puede estar ubicada en un municipio con más de 5.000 habitantes, por lo que las grandes ciudades quedan eliminadas.
Otro de las factores necesarios para poder hacer la adquisición es que esta residencia tenga un coste inferior a 100.000 euros. Esto reduce de manera significativa el volumen de casas o pisos que cumplen ambas cuestiones. Aún así hay, al menos, 3.800 viviendas a la venta en Aragón construidas en localidades de menos de 5.000 habitantes y cuyo valor no supera los 100.000 euros. Estos inmuebles no están repartidos equitativamente a lo largo y ancho del territorio, sino que en las zonas más despobladas es donde más proporción existe, debido al abandono de los pueblos. Por ello, no es de extrañar que una buena parte de estas viviendas sean económicas (algunas no superan los 10.000 y muchas no llegan a los 50.000). Esto es porque llevan años sin reformarse y precisan de cambios importantes para vivir en ellas.
Por su parte, una minoría de las viviendas que cumplen todos los requisitos se ubican en los puntos de mayor interés: las localidades cercanas a Zaragoza y el Pirineo aragonés. A un radio de 30 kilómetros de la capital aragonesa existen varios municipios en los que se pueden encontrar una residencia con estas características. Sin embargo, a pesar de cumplir el principio fundamental (que no tenga más de 5.000 habitantes), el segundo empieza a generar problemas. Ejemplo de ello es Fuentes de Ebro, una localidad de unos 4.500 habitantes -según el último padrón publicado por el Instituto Aragonés de Estadística- en la que hay, al menos, 47 inmuebles libres; pero solo 25 de ellos (poco más del 50%) tienen un coste inferior a 100.000 euros.
Esta situación se repite en Cadrete, que cuenta con un centenar de viviendas que buscan dueño, pero solo una cuarta parte tienen un precio por debajo de lo estipulado. Hacia la carretera de Logroño la situación no mejora. En este tramo se sitúan Torres de Berrellén y Pinseque. En el primer municipio solo el 30% de las viviendas puestas a la venta cumplen ambos requisitos; mientras que en el segundo este porcentaje se reduce por debajo del 20%. En el resto de salidas de Zaragoza encontramos situaciones similares: en Vilanueva de Gállego menos de un 20% de las casas y pisos cumplen todas las cláusulas y en Villamayor de Gállego esta cifra se reduce hasta el 8%. La tónica general de la zona es que pocas de las viviendas en venta (menos del 50%) cumplen ambos requisitos.
En la zona del Pirineo se produce el mismo problema. Por ejemplo, en Panticosa hay, al menos, 70 inmuebles a la venta, de los cuales ninguno baja de los 100.000 euros. La localidad más cercana (Biescas) tiene una situación similar: 196 viviendas buscan dueño pero solo 33 tienen un precio inferior al marcado por el Ministerio. Buena parte del resto de la zona más montañosa se encuentra en la misma situación: Broto (17,64% de las viviendas tienen un precio inferior a 100.000 euros), Fiscal (28%), Villanúa (30%), Sahún (33%), Boltaña (34%), Ansó (37%), Puente la Reina de Jaca (38%), Aísa (44,5%) y Laspaúles (44,7%). Según se va bajando hacia Huesca capital, estos porcentajes van creciendo de manera importante. Por su parte, en la provincia de Teruel existen importantes diferencias: desde Híjar (donde más del 90% de las viviendas tienen un importe inferior a 100.000 euros) hasta Calamocha (77,5%), Calanda (53%) o Calaceite (38%).
Otros requisitos
La cuantía, que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2018, se basará en un máximo de 10.800 euros, con un límite del 20% del precio de adquisición.
Cerca de 55 millones de euros para Aragón
Este reparto fue aprobado la semana pasada ante las quejas y la abstención de algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Aragón. Según señalaron con la aplicación de los criterios actuales (y que no se actualizan desde 1992) «salen perdiendo», ya que no representan los problemas de la vivienda actual.
Todavía se desconocen los plazos que se seguirán, ya que es necesario que se firmen los convenios correspondientes con las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar estas ayudas.